Promesas

Excavacion de gran escala a lo largo de los ~1.000 km de frontera norte para impedir el cruce irregular.

Despliegue de FF.AA., Carabineros y PDI con facultades plenas para detener, reconducir y expulsar inmigrantes irregulares.

Acelerar las expulsiones administrativas y judiciales con vuelos regulares.

Meta cuantificada del “Plan Implacable”: reducir 40% los cruces irregulares al 11-jun-2026.

Tipificar el narcotrafico transnacional como delito de seguridad nacional para activar facultades militares.

Regimen carcelario de aislamiento absoluto para lideres del crimen organizado.

Reforma a la ley antiterrorista con penas mayores y nuevas figuras.

Endurecer la persecucion penal del crimen organizado y la prision preventiva.

Steinert anunció que Seguridad quedaba fuera de la rebaja. El anexo posterior de Hacienda recomienda cerrar PNCO, Calles Sin Violencia e Innovación Territorial.

Indultar o reformar la situacion procesal de personal de Carabineros y FF.AA. con causas judiciales por hechos de octubre 2019.

Reduccion gradual del impuesto corporativo del 27% al 23%.

Volver a un sistema integrado entre el impuesto corporativo y el impuesto personal a los socios/accionistas.

Reducir la tasa para incentivar el retorno de capitales mantenidos en el exterior.

Suspender el IVA en la venta de viviendas primera entrega para reactivar el sector construccion.

Reducir plazos del SEIA y de las autorizaciones sectoriales.

Subsidio para contrataciones formales con foco en jovenes, mujeres y reincorporacion de personas desempleadas de larga duracion.

Llevar la economia chilena a una tasa de crecimiento del 4% anual al cierre del periodo.

Quiroz defendió la reforma como rebaja a empresas, no a ricos; la arista patrimonial del gabinete obliga a mirar quién gana realmente.

Kast convirtió la PGU en promesa de campaña: “Te amo PGU”, “la PGU no se toca” y “no vamos a terminar con la PGU”. Hacienda luego la incluyó entre 260 rebajas de al menos 15%.

Compromiso reiterado: el ajuste fiscal no afectaria a pensionados ni a los programas que llegan a poblaciones vulnerables.

Compromiso de no afectar la alimentacion entregada a estudiantes vulnerables en colegios publicos.

El Gobierno evaluó limitar la gratuidad por edad, fortalecer cobros del CAE y frenar la extensión del beneficio. Tras resistencia oficialista y opositora, mantuvo una moratoria de dos años al ingreso de nuevas instituciones a la gratuidad.

Eliminar ministerios, reducir dotacion del aparato publico, terminar con programas considerados ineficientes.

Kast prometió convocar a Contraloría y firmas auditoras de primer nivel mundial para revisar el Estado. El Gobierno descartó la licitación por estrechez fiscal y la sustituyó por revisión interna.

El Gobierno sostuvo que el recorte a Salud no debía afectar la atención. Chomali consiguió bajar la meta de 3% a 2,5%, pero el ajuste sigue y se cargará a ausentismo, recursos humanos y bienes y servicios.

Mantener y fortalecer el sistema de Isapres frente a la sentencia de la Corte Suprema sobre tablas de factores.

Continuar con la capitalizacion individual y rechazar componentes solidarios obligatorios.

En tres semanas el Ejecutivo retiró 94 decretos de Contraloría, 85 sin reingreso al corte de La Tercera. La revisión técnica prometida se transformó en pausa masiva de políticas en adopción, medio ambiente, telecomunicaciones, derechos humanos, pesca, negociación ramal y educación superior.

La línea de probidad quedó tensionada por asesores de La Moneda con cargos de elección popular vigentes durante la transición y por contratos altos en el Segundo Piso. BioBioChile reveló que Irarrázaval ganará hasta $9,5 millones mensuales y Valenzuela hasta $8,9 millones.

El retiro del apoyo chileno a Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU dejó a una candidatura latinoamericana competitiva sin respaldo de su propio país. México y Brasil mantuvieron apoyo, Bachelet siguió en carrera y exautoridades acusaron daño diplomático y sabotaje.

Chile dejó de adherir a la declaración LGBTIQ+ de la OEA respaldada por gobiernos anteriores y abrió un giro de señal internacional en derechos humanos.

El Gobierno prometió continuidad del Plan de Búsqueda, pero removió jefaturas especializadas del Programa de DD.HH. y del plan en sus primeras semanas.

Compromiso programatico de austeridad y transparencia en el uso de recursos del palacio.

Compromiso de transparencia en las relaciones patrimoniales del gabinete con las decisiones del Ejecutivo.